¿Cómo se aplica la democracia y la sostenibilidad en aguas internacionales?
Durante décadas, los océanos han sido vistos casi como un espacio sin dueño: inmensos, enigmáticos, más allá de la soberanía de los Estados. Sin embargo, hoy esas aguas “sin fronteras” son escenario de conflictos, extracción de recursos, protestas políticas y emergencias ecológicas.
En este artículo:
exploramos datos que no entraron al episodio que hicimos sobre este tema en nuestro podcast Agenda el cambio,
profundizaremos en nuevos desarrollos recientes (como el tratado de alta mar)
y veremos cómo la gobernanza oceánica puede transformarse desde la democracia y la equidad.
Qué son las aguas internacionales y por qué importan
Las aguas internacionales (también llamadas “alta mar”) son aquellas porciones oceánicas más allá de las zonas económicas exclusivas de los Estados (más allá de 200 millas náuticas). En ellas, no hay soberanía nacional plena; las normas que aplican se desprenden de acuerdos internacionales y el marco jurídico global como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR / UNCLOS).
Este tratado, vigente desde 1994, define las competencias costeras, los derechos de paso, la explotación de recursos marinos y la conservación en aguas internacionales.
Lo esencial: en esas aguas no gobierna un país, sino una compleja red de acuerdos multilaterales, organismos regionales y mecanismos de fiscalización que, lamentablemente, a menudo funcionan con grietas legales y falta de recursos.
Nuevos desarrollos recientes: el tratado de alta mar y su entrada en vigor
Una de las noticias más recientes y transformadoras es que en septiembre de 2025, Marruecos se convirtió en el país número 60 en ratificar el tratado conocido como el High Seas Treaty (o BBNJ: Biodiversity Beyond National Jurisdiction). Esta ratificación activa el tratado y marca su entrada en vigor como ley internacional a partir de enero de 2026.
Este tratado es fundamental, porque por primera vez crea un marco jurídico vinculante para áreas marinas más allá de la jurisdicción nacional, con herramientas como:
La creación de áreas marinas protegidas (MPAs) en aguas internacionales.
La obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental (EIA) para actividades propuestas (minería, explotación de recursos).
Un mecanismo de transferencia de tecnología y fortalecimiento de capacidades para países en desarrollo.
Mecanismos de reparto justo de beneficios derivados de recursos genéticos marinos.
La estructura de un órgano decisorio (Conferencia de las Partes) que puede votar sin necesidad de consenso absoluto en decisiones de protección.
Este paso no es simbólico. Cubre aproximadamente dos tercios de los océanos del planeta y permite que acciones de conservación se extiendan más allá de las fronteras costeras.
Sin embargo, el tratado aún enfrenta desafíos para su implementación: coordinación con organismos regionales de pesca, financiamiento, vigilancia efectiva, superposición con convenios existentes y falta de ratificación por potencias marítimas clave.
Nuevos datos y amenazas que no abordamos en el podcast
Aquí algunos desarrollos adicionales:
Minería submarina en alta mar: Compañías ya exploran lechos oceánicos para extraer minerales raros usados en baterías de vehículos eléctricos. Sin leyes globales claras, esas actividades podrían ocurrir con escasa regulación o transparencia.
Rutas marítimas en expansión: En el Ártico, el derretimiento del hielo ha abierto nuevas rutas de transporte marítimo internacional. Un estudio reciente del tránsito en el Ártico mostró un fuerte crecimiento de tráfico de embarcaciones que intensifica impactos sobre ecosistemas polares frágiles.
Riesgo de extinción en rayas y tiburones: Aunque muchos de estos animales habitan tanto en aguas costeras como abiertas, un estudio global señala que cerca del 25 % de las especies de tiburones y rayas están amenazadas debido a la sobrepesca, pesca incidental y degradación marina.
Retrocesos en áreas protegidas terrestres y marinas: En algunos países, áreas protegidas han sido degradadas o recategorizadas para permitir uso extractivo, con pérdidas de biodiversidad cercanas a 30 % en zonas colindantes. Un estudio sobre “downgrading protected areas” reporta que cercanas a zonas donde ocurren estos recortes, la abundancia de especies puede caer significativamente (~26 % en los 50 km circundantes).
Financiamiento e inequidad en beneficios genéticos marinos: En el marco del nuevo tratado, se ha propuesto un “Cali Fund” para garantizar que los beneficios derivados del uso de información genética marina digital (DNA marino) se compartan de forma justa con países con alta diversidad biológica.
Impacto global y local: qué podemos perder
Comunidades costeras dependientes de pesca podrían ver colapsar sus pesquerías si la extracción industrial en aguas internacionales derrama efectos hacia sus zonas.
Ecosistemas marinos funcionan como reguladores climáticos: arrecifes, microbioma oceánico y sumideros de carbono. Su degradación afecta resiliencia climática.
Investigación y biotecnología marina: muchas especies marinas contienen compuestos bioactivos con potencial médico, pero su acceso y explotación podrían concentrarse en pocos actores si no se regula con justicia.
Identidad y cultura marítima: muchas poblaciones tradicionales tienen vínculos profundos con el mar. Verlo degradarse sin mecanismos participativos implica pérdida cultural.
El mar abierto dejó de ser un vacío legal o moral. Hoy los ojos del mundo están puestos allí, con un tratado que, a partir de 2026, dará poderes para protegerlo, regularlo y hacerlo más justo.
Pero ese paso es solo el inicio. La sostenibilidad y la democracia oceánica dependen de que transformemos documentos en acción, y que la sociedad tome parte activa en lo que sucede más allá de las fronteras visibles.
